“Soy la responsable de garantizar que las posturas por las que abogamos en los juzgados cumplen la obligación solemne de esta institución de buscar justicia y defender lo correcto”, afirma Yates en una carta enviada a los letrados del Departamento de Justicia. “En este momento, no estoy convencida de que la defensa de esta orden ejecutiva cumpla con esa responsabilidad ni que el decreto sea legal”.
La decisión de la responsable interina de Justicia es una muestra más del caos provocado por la firma por parte del presidente Trump de una orden ejecutiva con impacto más allá de las fronteras de EE UU, apenas una semana después de llegar a la Casa Blanca y sin un gabinete de gobierno completo. Su negativa coincide además con una iniciativa de los legisladores demócratas que busca retrasar todo lo posible la confirmación de Jeff Sessions por parte del Comité Judicial, prevista para este martes y cuyo resultado deberá ser refrendado después por el pleno del Senado.
“Mientras yo sea la fiscal general interina, el Departamento de Justicia no presentará argumentos en defensa de la orden ejecutiva, salvo que considere que es lo adecuado”, añade Yates en la carta. Su gesto significa que si cualquiera de las demandas presentadas contra el decreto presidencial es admitida a trámite por un juez y esto ocurre antes de que Sessions ocupe el cargo de fiscal general, el gobierno de Trump no defenderá su propia decisión ejecutiva. El presidente acusó este lunes a los demócratas de retrasar esa confirmación “por razones políticas” y de “no hacer nada más que obstruir”. “Ahora tenemos una fiscal general de Obama”, añadió en Twitter.
La estrategia demócrata consiste ahora en vincular cualquier voto a favor del fiscal de Trump con un voto a favor del veto a los refugiados e inmigrantes musulmanes. Los republicanos cuentan con mayoría en el Senado y los demócratas necesitan que al menos dos legisladores del partido de Trump voten en contra de su nominado para lograr bloquear su ascenso. De momento, los senadores John McCain y Lindsey Graham son los únicos que han hablado en contra del veto migratorio, pero no de Sessions.
El decreto, que ya ha sido bloqueado parcialmente por tres jueces federales, se enfrenta a tres demandas distintas que buscan impedir su aplicación. Una de ellas fue presentado este mismo lunes en el Estado de Virginia por una de las mayores organizaciones musulmanas de EE UU, el Council for American Islamic Relations. Otra corresponde al Estado de Washington, cuyo gobierno se ha querellado contra la orden de Trump.
La rapidez con la que se han presentado las demandas es un reflejo de la oleada de rechazo ciudadano a la decisión de Trump, manifiesto en numerosas protestas, la oposición de los legisladores del Partido Demócrata y del expresidente Obama, que este lunes emitió un comunicado en el que afirma que “los ciudadanos ejercen su derecho constitucional de manifestarse” y que la orden ejecutiva pone en peligro los valores de EE UU.
Numerosos legisladores demócratas se sumaron este fin de semana a las protestas ciudadanas en aeropuertos de todo el país. Desde allí exigieron la puesta en libertad de las decenas de refugiados e inmigrantes con permiso para cruzar la frontera pero a los que sorprendió la orden de Trump en pleno viaje hacia EE UU. Este lunes, los líderes demócratas lideraron una protesta ante el Tribunal Supremo en la que prometieron luchar contra la orden de Trump. Fuente: ElPais.