NUEVA YORK, USA.-Luisa Ortega, la fiscal general de Venezuela destituída por la Asamblea Constituyente y enemiga del Gobierno de Nicolás Maduro, dice que el presidente de ese país y otras altas autoridades del régimen usaron empresas de España y de México para recibir dinero de la corrupción. En visita a Brasil, donde participa de un encuentro de fiscales de países sudamericanos, Ortega llevó una serie de documentos para probar sus denuncias, que prometió compartir con las justicias de España, EE UU, Brasil y Colombia. Según ella, esas pruebas involucran directamente a Maduro; alnúmero dos del régimen, Diosdado Cabello, y al alcalde del área central de Caracas, Jorge Rodríguez, en el cobro de sobornos.

Maduro, de acuerdo con la fiscal destituida, está relacionado con una de las empresas que vende alimentos al Gobierno venezolano llamada Grand Group Limited. Esa empresa tiene sede en México y sus propietarios, según Ortega, son tres personas vinculadas al presidente: Rodolfo Reyes, Álvaro Pulido Vargas y Alex Saab. El expresidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello habría recibido de la constructora brasileña Odebrecht 100 milllones de dólares como soborno. El dinero, según Ortega, fue pagado a través de una empresa domiciliada en España, TSE Arietis. Los proprietários de esa firma son, siempre según la versión de la fiscal, dos primos de Cabello: Luis Alfredo Campos Cabello y Jerson Jesús Campos Cabello. Este periódico no encontró el nombre de la empresa en el listado de compañías del Registro Mercantil español.

“Voy a entregar las pruebas para que las autoridades de distintos países las investiguen”, expresó Ortega en sus primeras declaraciones tras su rocambolesca salida de Venezuela, acompañada de su marido, huyendo de la persecución de los herederos del chavismo, del que ella misma participó durante muchos años. “En Venezuela no hay justicia. En Venezuela es imposible que se investigue ningún caso de corrupción o narcotráfico. Es la comunidad internacional la que tiene que investigar esos asuntos”, afirmó ante los periodistas que cubrían en Brasilia la reunión de los fiscales.

De acuerdo con Ortega, sus investigaciones a esas altas autoridades venezolanas son uno de los motivos que la llevaron a ser destituida de su cargo y a huir a Colombia. Desde que fue apartada por la Asamblea Constituyente, el pasado día 5, las amenazas sobre la fiscal se recrudecieron. Su casa fue asaltada. Y ella solo consiguió llegar a Bogotá gracias a la ayuda de “decenas de hombres y mujeres” venezolanas y colombianas.

En un discurso ante sus colegas fiscales sudamericanos, Ortega les pídió que no envíen informaciones oficiales sobre investigaciones al ministério público de Venezuela, porque en caso de hacerlo los documentos corren el riesgo de ser destruidos. Advirtió que si no se detiene la crisis en su país, se puede expandir por toda América Latina. Y criticó la Asemblea Nacional Constituyente, electa a comienzos de mes en una votación supuestamente fraudulenta, porque, en su opinión, solo está sirviendo para tapar también varios casos de corrupción.

FUENTE:ELPAIS.COM